Con la
reforma, aprobada por el Congreso de Veracruz, al artículo 67 de la
Constitución Política de Veracruz, proponiéndose crear la Comisión Estatal para
la Atención y Protección de Periodistas, surge una opción especializada para
que el gremio periodístico acuda, amén de otras instancias, para salvaguardar
los derechos ya plasmados en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, referidos a la libertad de expresión.
El oficio
periodístico en el que se involucra también toda la infraestructura que integra
la organización de los medios –redacción, producción y administración-, ha sido
objeto de amenazas y agresiones en diferentes grados, por aquellos que se
sienten afectados con el tratamiento de la información, buscando inhibirlo.
Es
halagador y alentador el interés prestado, por la autoridad gubernamental, al
problema, sí se considera la relación existente entre el trabajo periodístico y
el desarrollo social.
La
estructura social se ha transformado. Dentro de ese proceso de transformación,
la comunicación se ha constituido como uno de los elementos de mayor desarrollo
a través de las tecnologías de comunicación e información, pero también su
influencia, haciéndose más evidente la responsabilidad social no sólo de los
medios de comunicación e información, sino de la propia sociedad.
Cobra
relevancia, en consecuencia, la necesidad de proteger a quienes se dedican de
manera profesional a esta difícil actividad, y contar además de las garantías
constitucionales ya instituidas, la creación de este organismo especializado.
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